El Alto Mijares concentra gran parte de las ayudas de Sanitat para garantizar la continuidad de las farmacias rurales
La Conselleria de Sanitat ha incluido a varios municipios del Alto Mijares dentro de las medidas destinadas a asegurar la viabilidad de las farmacias rurales, consideradas un servicio esencial en localidades con menor población.
La comarca del Alto Mijares
se sitúa entre los territorios beneficiados por las nuevas medidas impulsadas
por la Conselleria de Sanitat para reforzar la
continuidad de las farmacias ubicadas en municipios rurales. La iniciativa
busca asegurar la prestación farmacéutica en pequeñas localidades donde estos
establecimientos desempeñan un papel clave dentro de la atención sanitaria de
proximidad.
Entre los municipios de la comarca incluidos en la resolución
figuran localidades como Cirat, Puebla
de Arenoso, Toga, Espadilla, Castillo de Villamalefa, Zucaina y Ludiente,
entre otras poblaciones del interior castellonense.
La medida contempla la aplicación de un mecanismo de compensación
económica dirigido a oficinas de farmacia situadas en municipios con baja
población, con el objetivo de garantizar su mantenimiento y evitar la pérdida
de servicios básicos sanitarios. La Generalitat destaca que en muchos de estos
municipios la farmacia constituye el principal punto de atención sanitaria,
especialmente cuando los consultorios o centros de salud se encuentran en otras
localidades próximas.
Castellón
concentra el mayor número de farmacias beneficiarias
La provincia de Castellón reúne el mayor número de oficinas de
farmacia incluidas dentro de estas medidas de apoyo en la Comunitat Valenciana,
reflejando el peso que tienen las zonas rurales y el reto demográfico en el
interior provincial. Los establecimientos beneficiarios deben cumplir distintos
requisitos relacionados con la prestación asistencial, la participación en
programas farmacéuticos y determinados criterios económicos y administrativos.
Desde la Conselleria recuerdan que
la protección de la farmacia
rural forma parte de una estrategia más amplia destinada a
garantizar el acceso a medicamentos y servicios sanitarios en municipios
afectados por la despoblación y la dispersión geográfica. Además, la normativa
contempla otras medidas complementarias para reforzar la asistencia en
localidades con menor número de habitantes.


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