Gobierno central y autonómico aceleran las medidas para tramitar las ayudas a los afectados de las últimas lluvias torrenciales

ALTO MIJARES | Moncloa ha declarado a Valencia y Castellón como “zonas de emergencia” junto a Teruel, Málaga, Sevilla, Cádiz y Tarragona

El Consejo de Ministros ha declarado este viernes a las provincias de Valencia, Castellón, Málaga, Sevilla, Cádiz, Tarragona y Teruel zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil para que se puedan tramitar ayudas para los afectados por los temporales de lluvia.

Una medida que se suma a la adoptada oficialmente, precisamente también este viernes, vía Boletín Oficial de la Comunitat, por la que el Consell da un plazo de 45 días para que los afectados por las lluvias torrenciales puedan presentar su solicitudes de daños a través de los respectivos ayuntamientos.

Tramitación de urgencia desde el Consell

“Los días 18, 19 y 20 de octubre de 2018 la Comunitat Valenciana se ha visto afectada por un temporal de lluvias, tormentas y fenómenos costeros de una intensidad, extensión y alcance inusitados, con registros de precipitación acumulados que han superado sobradamente los 100 litros por metro cuadrado en 24 horas en muchas localidades y que han afectado a miles de ciudadanos y ciudadanas en su capacidad de transporte, o en su acceso a servicios básicos. Pero, además, el temporal ha ocasionado importantes daños a bienes e infraestructuras, así como ha provocado importantes gastos, derivados de las actuaciones urgentes como consecuencia del temporal, por parte de las diferentes administraciones.

Ante esta situación, procede comenzar las acciones para conseguir, lo antes posible, la vuelta a la normalidad de todas las zonas que se   han visto afectadas en toda la Comunitat Valenciana.

Se inicia, por tanto, con carácter de urgencia, un proceso en el que los municipios afectados, previa acreditación de haber padecido un fenómeno extraordinario mediante la aportación de un informe del fenómeno meteorológico, tanto en intensidad como en amplitud, dispondrán de un plazo de 45 días, para que, con el apoyo de los servicios técnicos de la Generalitat, y, en su caso, de las diputaciones provinciales, presenten las estimaciones de daños en las  infraestructuras y bienes públicos que se hayan visto afectados, así como, en su caso, de los gastos extraordinarios que, con carácter urgente, se hubieran tenido que efectuar como consecuencia del temporal.

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